Tras el reciente revés parlamentario en el Congreso español, el Consejo de Ministros modificó su estrategia legislativa aprobando este martes 3 de febrero dos decretos por separado. Esta decisión busca desbloquear la revalorización de las pensiones y las medidas de protección ciudadana, que anteriormente fueron rechazadas al presentarse de forma conjunta.

Al separar las iniciativas, el Ejecutivo facilita que los grupos de la oposición, como el Partido Popular (PP) o Junts, puedan apoyar la subida de las prestaciones sin verse obligados a validar el resto del paquete social.

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El primer decreto se centra en el ámbito previsional, estableciendo la subida de las pensiones para 2026 conforme al índice de precios al consumidor (IPC), 2.7 por ciento. Este texto incluye también la regulación de otras prestaciones y la congelación de las cuotas para los trabajadores autónomos.

El Gobierno aprueba un real decreto que recoge la revalorización de las pensiones para 2026.

“Lo que hacemos es aprobar, de nuevo, esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas”.

La ministra @SaizElma ???????? pic.twitter.com/39fSh1Bv8Q

— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 3, 2026

En un comunicado, Sumar ha advertido que el PP “ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia”.

El segundo decreto agrupa las medidas del denominado “escudo social” y otras ayudas. Este documento incorpora la prórroga de la moratoria antidesahucios, el bono social eléctrico y la prohibición de interrumpir los suministros de agua y energía a familias en situación de vulnerabilidad. Se trata de medidas “buenas, positivas”, enfatizó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz, Elma Saiz.

Además, recupera las ayudas fiscales críticas para los damnificados por la DANA (desastre natural) en 2024 y los incendios forestales de 2025, cuya continuidad se vio comprometida tras el rechazo del decreto ómnibus original.

El nuevo texto social integra un acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para proteger a los propietarios que poseen una única vivienda en alquiler. Esta modificación pretende evitar que estos pequeños arrendadores asuman la carga de los impagos, impidiendo que caigan ellos mismos en una situación de vulnerabilidad económica.

Esta concesión técnica aborda directamente una de las principales críticas de los partidos conservadores que motivaron el voto negativo en la sesión anterior. A pesar de haber validado el decreto relativo a las subvenciones al transporte el pasado 27 de enero, el Ejecutivo no logró en el Congreso los apoyos necesarios para el texto que vinculaba el aumento de las pensiones con la continuidad del escudo social.

En cuanto al decreto de transporte, el Ejecutivo consiguió rescatar las políticas de movilidad gracias al respaldo de Junts y la abstención del PP, garantizando la continuidad de beneficios como las rebajas del 50 por ciento para menores de 26 años, los descuentos del 20 por ciento para la población general, el abaratamiento de los abonos de cercanías y autobuses municipales, así como la implementación de la tarifa plana de 60 euros para trayectos de media y corta distancia.

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